La adopción  es un recurso legal dirigido a proporcionarle un hogar al niño o niña que se encuentra en situación de abandono o desamparo.

Según se señala en la  Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, "Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés supremo del niño sea la consideración primordial (...)".

En España, como en la mayoría de los países desarrollados, se está produciendo una merma progresiva del número de niñas y niños susceptibles de ser adoptados/as, consecuencia, entre otros factores, del desarrollo del sistema de protección a la infancia, de la evolución favorable de las condiciones socio-económicas y del descenso generalizado de la tasa de natalidad.

Paralelamente, otros países, por razones socioeconómicas, no pueden asegurar el bienestar de amplios sectores de población y cuentan con gran número de menores en condiciones de ser adoptados/as.

Por otra parte, el número de personas que se ofrecen para la adopción aumenta progresivamente, produciendo la saturación de listas de adopción nacional y el consiguiente incremento de tiempos de espera, hechos que conducen a una derivación de los ofrecimientos hacia la adopción internacional.

Tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en una familia. La adopción internacional se concibe como un recurso de protección para aquellos menores que no pueden crecer en el seno de su familia ni tienen la posibilidad de integrarse en otra familia de su país. Para garantizar que el proceso de adopción internacional se lleve a cabo respetando los derechos de los y las menores y prevenir su substracción, venta o tráfico, en el año 1993 se aprobó en La Haya un Convenio que regula el sistema de cooperación internacional en esta materia, que fue ratificado por España el 1 de agosto de 1995. Por otra parte la  Ley 54/2007 de adopción internacional, establece las funciones de las administraciones públicas en materia de adopción internacional y las de los organismos colaboradores en esta materia, así como la necesidad de que las personas que se ofrecen para la adopción sean declaradas idóneas por la entidad pública competente.

La Consellería de Política Social, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica es la entidad pública competente en materia de protección de menores en Galicia y competente, así mismo para tramitar los procedimientos de adopción y presentar propuesta de adopción ante el juez en el caso de la adopción nacional.

El objetivo de este portal es facilitar y ayudar a aquellas personas que deseen ofrecerse para adoptar a un/a menor nacional o extranjero/a. Pretendemos proporcionarles elementos de reflexión sobre el alcance de su decisión, confrontando sus expectativas con la realidad, informar sobre el proceso legal y dar respuesta a las preguntas más habituales de las personas que se ofrecen para la adopción.